A más de un mes del brutal asesinato del joven camagüeyano Carlos Estenoz, el dolor de su familia choca de frente con la inoperancia y el silencio cómplice de las autoridades castristas. El crimen, ocurrido el pasado 22 de agosto en la zona conocida como Las 500, en el municipio de Vertientes, sigue rodeado de graves irregularidades que exponen el desprecio del régimen por la justicia y el sufrimiento ajeno.
De acuerdo con las recientes denuncias sacadas a la luz por el periodista José Luis Tan Estrada, a 34 días del hallazgo del cuerpo, los padres de la víctima continúan esperando respuestas reales y la devolución de los bienes robados a su hijo.
Durante el asalto, a Estenoz le arrebataron su motorina, una mochila con dinero y sus teléfonos celulares. Sin embargo, la policía y los directivos locales no han ofrecido claridad sobre el paradero de estos objetos, sumando una enorme carga de impotencia a una familia ya devastada.
Este caso se encuentra plagado de sombras institucionales. A esto se suma el trato completamente inhumano que recibieron los padres al confirmarse la tragedia, cuando las autoridades de Medicina Legal ordenaron el entierro del cuerpo esa misma noche.
Con esta decisión impuesta, les negaron el derecho fundamental de ver y despedirse de su hijo, omitiendo además la realización de una autopsia transparente que revelara la verdad. Por si fuera poco, fuentes cercanas al entorno familiar aseguran que el actual gobernador de Camagüey, Jorge Sutil, estaría implicado en este entramado de opacidad.
Aunque se reporta la detención de tres individuos directamente vinculados a este trágico suceso, las piezas de la investigación oficial siguen sin encajar. Varios testimonios apuntan a que el transporte utilizado para mover a la víctima hasta el descampado donde fue abandonada permanece intacto en la propiedad de uno de los agresores, identificado como Adiel Campos.
Una vez más, el sistema dictatorial cubano demuestra que su prioridad no es brindar seguridad a los ciudadanos de a pie, sino encubrir la negligencia de sus funcionarios y silenciar a quienes exigen la verdad en un país donde la violencia desmedida crece bajo la mirada pasiva del Estado.